By | 26 octubre, 2017

Por Camila Ramírez.

En la madrugada del día 4 de enero de 2013, el matrimonio de colonos, compuesto por Werner Luchsinger y Vivan Mackay, fallecieron quemados dentro de la casa principal del fundo La Granja Lumahue, en la comuna de Vilcún, a causa de un incendio intencional. Se trata del primer y único caso con víctimas fatales civiles no mapuche, en que han sido imputadas personas pertenecientes al pueblo mapuche.

Las autoridades del Gobierno, Ministerio Público y policías, en un acto prejuicioso y punitivamente desproporcionado, pusieron como foco único de su investigación a miembros del pueblo mapuche, que eran habitantes de diversos lof de las comunas de Vilcún y Padre Las Casas, algunos de los cuales ni siquiera se conocían antes del inicio de la investigación por el denominado Caso Luchsinger Mackay.

Si bien hubo un condenado por delito de incendio con resultado de muerte -dado que el tribunal desestimó la consideración de terrorista del mismo-, esta condena no fue suficiente para los fiscales, quienes decidieron, sin contar con antecedentes suficientes, iniciar acción penal en contra de 11 imputados mapuche, fundados únicamente en las supuestas declaraciones vertidas por el imputado, acogido a delación compensada, José Peralino Huinca, quien denuncia haber sido sometido a amenazas, persecuciones, apremios y tortura por parte de funcionarios de la PDI; por lo tanto, dichas declaraciones adolecen de vicios de legalidad que, a juicio del tribunal, impiden otorgarle valor probatorio.

En marzo de 2016, luego de tres años de allanamientos, pesquisas, detenciones, alta y permanente presencia policial en las comunidades, son detenidos y formalizados por delito de incendio con resultado de muerte 11 mapuche, Sergio Catrilaf Marilef, Juan Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Francisca Linconao Huircapán, José Córdova Tránsito, José Peralino Huinca, Sabino Catrilaf Quidel, Luis Tralcal Quidel, Hernán Catrilaf Llaupe y José Tralcal Coche, quienes fueron inmediatamente puestos en prisión preventiva, medida cautelar personal que se extendió en muchos casos hasta octubre de 2017, convirtiéndose en una pena anticipada y, dada la criminalización hacia los mapuche, en un mecanismo de control social.

El artículo 139 del Código Procesal Penal establece como principio la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, disponiendo su aplicación cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar los fines del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Luego, en el artículo 140, letra b), se establece como requisito para decretar la prisión preventiva que el solicitante de dicha medida logre acreditar ante el juez que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito.

Corresponde cuestionarse si el Juzgado de Garantía de Temuco evaluó adecuadamente las señaladas disposiciones legales al decretar y mantener la medida cautelar de prisión preventiva, o bien si actuó motivado por prejuicios y estereotipos hacia las personas imputadas, fundándose en su condición de mapuche y en la imagen social de violentistas que se ha generado históricamente en torno a ellos, estereotipos, por lo demás, han sido cuestionados por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, del año 2014.

Los imputados en el presente caso son personas dedicadas a labores propias del campo, reconocidos dirigentes y autoridades ancestrales dentro de sus comunidades, algunos son adultos mayores, han utilizado los cauces institucionales dispuestos por el Estado chileno para dar solución a sus conflictos territoriales y ambientales, siendo insigne el recurso de protección interpuesto por la Machi Francisca, amparada en el recientemente ratificado Convenio 169 de la OIT.

El día 25 de octubre de 2017, el Tribunal de Juicio Oral en lo Temuco, por unanimidad, absolvió a los 11 imputados, considerando que las pruebas aportadas por el órgano persecutor fueron insuficientes para acreditar la participación culpable de los acusados, disponiendo su libertad inmediata.

Los hechos ocurridos a lo largo de la investigación por el Caso Luchsinger Mackay constituye una flagrante criminalización y vulneración a garantías fundamentales de los imputados mapuche.

Los tratados internacionales de derechos humanos, interpretados en forma armónica, consagran la protección de las personas indígenas en procesos judiciales, proscribiendo la discriminación fundada en el origen étnico y limitando especialmente la utilización de la prisión en su contra. Sin embargo, considerando la calidad de la prueba de cargo presentada en el juicio oral, los 11 mapuche fueron acusados, tratados como culpables y privados de libertad por su sola condición de dirigentes y autoridades ancestrales.

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