Programa V Congreso

La quinta versión del congreso contempla el desarrollo de comisiones de trabajo durante las mañanas, en las cuales académicos y estudiantes expondrán y debatirán sus ponencias relativas a diversos temas relacionados con los Derechos Humanos, a realizarse en el Auditorio Alessandri, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre las 11:00 y 13:00 horas.

Por la tarde se realizarán sesiones plenarias con la participación de expositores invitados de Chile y el extranjero, las cuales se llevarán a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre las 17:00 y 20:00 horas.

Plenarios

  • Primera sesión plenaria: “Derechos Humanos y Extrema Pobreza: Avances, desafíos y propuestas.
  • Segunda sesión plenaria: “¿Cumple Chile con un estándar adecuado para la protección de la Diversidad Sexual?”
  • Tercera sesión plenaria: “Vulneración Tolerada: La violación de derechos humanos en las cárceles.”

PLENARIOS

“DERECHOS HUMANOS Y EXTREMA POBREZA: AVANCES, DESAFÍOS Y PROPUESTAS”

El fenómeno de la pobreza y, en especial, la extrema pobreza ha sido tratado de forma reciente por los diversos organismos internacionales sobre derechos humanos. Recién en el año 2012, en un proceso que comenzó el 2001, el Consejo de Derechos Humanos trazó el “Proyecto final de los Principios rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos”, el cual establece de una manera sistemática el tratamiento que se espera que sigan las distintas políticas públicas de las naciones miembros de las Naciones Unidas en relación con esta materia.

En el 2001, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales estableció que la pobreza es “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” (E/C. 12/2001/10, párr. 8). A su vez, la extrema pobreza, se caracterizaría por “una combinación de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social” (A/HRC/7/15, párr. 13), que de forma prolongada comprometería las posibilidades de las personas de recobrar sus derechos.

Por lo tanto, la pobreza y extrema pobreza se establecen como fenómenos en donde la vulneración múltiple de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, así como agravios a la dignidad e igualdad, se conjugan como ingredientes para la generación de privaciones en todos los ámbitos del desarrollo de la persona en sociedad–
condiciones de trabajo peligrosas, insalubridad de la vivienda, falta de alimentos nutritivos, acceso desigual a la justicia, falta de poder político y un limitado acceso a la atención de salud–que importan una perpetuación de una situación de discriminación, estigmatización y exclusión.

Como observa el Consejo de Derechos Humanos, “aunque las personas que viven en la extrema pobreza no pueden reducirse simplemente a una lista de grupos vulnerables, la discriminación y la exclusión figuran entre las principales causas y consecuencias de la pobreza. Las personas que viven en la pobreza sufren, a menudo, desventajas y discriminación basadas en la raza, el sexo, la edad, la etnia, la religión, el idioma y otras condiciones. Las mujeres suelen encontrarse con mayores dificultades para obtener acceso a ingresos, bienes y servicios, y son particularmente vulnerables a la extrema pobreza, al igual que otros grupos, tales como los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, las minorías, las personas que viven con VIH/SIDA y los pueblos indígenas” (A/HRC/21/39, párr. 7). En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “los Estados deben tomar en cuenta que […] es directo y significativo el vínculo existente entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión social, por otro” (Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149).

Por tanto, la erradicación sistemática e integral de la pobreza y la extrema pobreza, en conjunto de las naciones se constituye no solo como una obligación moral si no que jurídica en el marco de la normativa internacional de los derechos humanos, a la cual está suscrito Chile.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos en su visita a nuestro país, consideró que Chile es una paradoja, en tanto se ha logrado un gran avance, tanto en crecimiento económico, como en desarrollo integral y reducción de la pobreza. Sin embargo, aún persisten tasas preocupantes de pobreza y pobreza extrema, además de niveles de desigualdad extremadamente altos que refuerzan las situaciones de pobreza, a razón de, entre otras cosas, una clara falta de políticas públicas adecuadas, integrales dedicadas a erradicar la pobreza, entendiéndolo como un fenómeno de complejo tratamiento.

OBJETIVOS
1. Exponer sobre la pobreza y pobreza extrema, señalando su extensión y evolución en el país, a través de las formas de medición tradicionales establecidas en Chile, tales como la encuesta CASEN o el CENSO.
2. Demostrar la necesidad de modificar la legislación interna en nuestro país con respecto a este tema, además de tomar medidas de políticas públicas concretas y que frenen definitivamente la pobreza en Chile.
3. Comparar y evaluar nuestros métodos para combatir la pobreza y la desigualdad, con métodos de los demás países OCDE, los cuales parecieran resultar más efectivos y eficaces que los nuestros.
4. Proponer soluciones para el sector porcentualmente más pobre de nuestro país: los indígenas. Se hablará en este punto, por ejemplo, de su reconocimiento constitucional y de tomar acciones de políticas públicas que mejoren sustancialmente su situación.

 

EXPONENTES

1. Joseph Ramos. Bachelor of Science en Ingeniería Eléctrica y Doctorado en Economía, en la Universidad de Columbia. Profesor Titular de la Universidad de Chile desde 1999. Antes fue Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL; economista del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT e investigador de la FLACSO en temas de desarrollo, tecnología y empleo.

2. Leonardo Moreno N.  Abogado, experto en políticas públicas sociales. Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano, y Doctor en Derecho y Políticas Públicas. Consultor de diversas organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación, como el Banco Mundial, Unicef y PNUD, en materias institucionales y sociales.

3.  Francis Valverde. Directora Ejecutiva ACHNU – PRODENI. Experta en derechos del niño y pobreza. Magister en Ciencias Sociales con Mención en Sociología de la Modernidad, Universidad de Chile. Diplomada en Women in Management, Luleo Technical University. Curso Extensión en Derechos Humanos, Prince Edward Island. Bachelor in Science, en York University.

 


¿CUMPLE CHILE CON UN ESTÁNDAR ADECUADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL?

Hoy en día la diversidad sexual es uno de los principales motivos de discriminación y exclusión social en el mundo, esto incluye torturas, ejecuciones, detenciones arbitrarias, censura, abusos médicos, violencia sexual, desigualdad de trato, discriminación en salud, empleo y vivienda, violencia doméstica, abusos contra niños, niñas y adolescentes y negación de sus derechos, mutilación genital, etc. Los altos índices de violencia contra personas LGBTI son alarmantes, más aún por la ausencia de una respuesta estatal eficiente debido a la falta de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia cometidos contra estas personas.

En América Latina, los actos de violencia física, contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas o cuyos cuerpos no se condicen con los estándares o estereotipos sociales, continúan ocurriendo de manera generalizada. Un nuevo fenómeno social llamado “violencia por prejuicio” se manifiesta con más fuerza, crímenes de odio con altos niveles de crueldad dirigidos a la comunidad LGBTI en especial a inter y transexuales, tienen un impacto simbólico y envían un mensaje de terror generalizado. Esta violencia no es solamente ejercida por particulares, sino también por agentes estatales en las distintas etapas de custodia policial, partiendo por detenciones arbitrarias, violencia en la aprehensión, transporte y en las instalaciones de centros de detención. Además existen leyes que criminalizan a la comunidad LGBTI, ya sea por mantener relaciones sexuales privadas entre personas del mismo sexo, por vestir prendas tradicionalmente asociadas al otro género o por realizar prácticas “contrarias” a la moral y buenas costumbres. Esta legislación produce un impacto negativo en la vida de las personas LGBTI, no porque se inicien procesos penales en aplicación a estas disposiciones legales (ya que, generalmente no ocurre), sino porque se refuerza un ambiente que refuerza la discriminación, los prejuicios, la estigmatización y violencia contra las personas LGBTI; conllevan al abuso, reproducen intolerancia y han sido usadas para justificar detenciones arbitrarias, abuso policial, extorsión y tortura. Es por esto, que estas leyes van en contra de los principios de igualdad y no discriminación y de diversos derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por otro lado, las niñas y niños LGBTI enfrentan estigmatización, discriminación y violencia por su identidad de género u orientación sexual real o percibida, o también porque sus cuerpos no condicen con los estereotipos socialmente aceptados. En los últimos años, en Chile, el bullying homofóbico ha cobrado gran relevancia, principalmente por las altas tasas de suicidios adolescentes. Según estudios, la mayoría de personas que sufren de bullying no llegan a suicidarse, pero sí puede llevar, en muchos casos, a sentimientos de aislamiento, rechazo, angustia, depresión y ansiedad, que pueden llevar a una conducta suicida. Dentro del último año, salieron a la luz diversos casos de niños y niñas transexuales que se han visto enfrentados a la discriminación y exclusión de colegios, bullying de compañeros y profesores.

OBJETIVOS
1. Discutir sobre la violencia y discriminación contra las personas LGBTI, desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en el caso particular de personas transexuales e intersexuales en América Latina y Chile.
2. Discutir sobre la discriminación estatal y abuso en las cárceles y centros de detención en contra de personas LGBTI.
3. Discutir sobre la situación en Chile, específicamente sobre el bullying y suicidio de adolescentes de la comunidad LGBTI.

 

EXPONENTES
1. Andrés Rivera DuarteProfesor. Académico. Consultor Internacional Derechos Humanos e Identidad de Género. Integrante Directorio Fundación Henry Dunant. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Diplomado Internacional en Derechos Humanos. Investigador y Consultor de Out Right Action International, consultor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación de Chile, consultor de MULABI Costa Rica. Docente Diplomados Internacionales Fundación Henry Dunant, Universidad Diego Portales e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Conferencista Internacional con una amplia participación en diferentes países como: Irlanda, Suiza, Francia, España, EEUU, Países Bajos, Turquía, Sudáfrica, Saint Lucia, Filipinas, Kenia,Trinidad y Tobago, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, etc.

2. Karen Atala. Abogada de la Universidad de Chile y jueza. Miembro del directorio de Fundación Iguales, que busca lograr la plena igualdad en materia de derechos ciudadanos de la comunidad LGTB en Chile. Egresada del programa de Magister en Filosofía del Género de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación, luego de que la Corte Suprema le negara la tuición de sus tres hijas producto de su convivencia lésbica. Sentando así un valioso precedente para los tribunales de Latinoamérica. También se destaca por su labor como activista, participando del debate público, y realizando charlas y exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero.

3. Ximena Gauché. Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción (Chile). Doctora en Derecho, Sobresaliente cum laude, por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Diplomada en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José (Costa Rica). Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales, por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid (España). Sus principales líneas de investigación son la igualdad y no discriminación, y los mecanismos de promoción y protección de derechos de grupos especialmente vulnerables: diversidad sexual, mujeres e infancia y adolescencia, fundamentalmente desde el derecho internacional de los derechos humanos.


“VULNERACIÓN TOLERADA: LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES”

El Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos (PIDEC), establece en su artículo 10 “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

El sistema carcelario chileno, como es de lato conocimiento, presenta graves falencias en cuanto al respeto por los Derechos Humanos y al trato digno de las personas privadas de libertad, tanto desde el punto de vista normativo como de las prácticas ejecutadas dentro del mismo, conllevando un desmedro en la protección de los derechos de éstos, ya sea debido a condiciones de hacinamiento, la tortura y malos tratos, la permanente arbitrariedad y la vulneración de los derechos de jóvenes, ancianos, mujeres y minorías indígenas y sexuales, entre otras prácticas.

En el art. 1 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios se establece que “ tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ella” y el ámbito del Derecho a la integridad Personal señala expresamente: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.” Las finalidades del sistema penitenciario en nuestro país, por lo tanto, no se condicen con las prácticas que afectan la realidad de los centros penitenciarios en la actualidad.

Esto hechos han sido corroborados por informes nacionales e internacionales de Derechos Humanos (para referencia: Estudio de las condiciones carcelarias en Chile: diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, INDH, 2014 y el informe de la Comisión de visita semestral de cárcel 2015 de la Corte de Apelaciones de Santiago).

Dentro del déficit de éste sistema destaca como un elemento central el rol de los Gendarmes, quiénes dentro de sus condiciones laborales se ven sometidos a llevar a cabo sus funciones bajo una serie de irregularidades, destacando la precaria formación del personal, la ausencia de recursos e invisibilización de sus condiciones laborales y las diversas (incluso contradictorias) funciones que están llamados a ejercer. Esto demuestra que la vulneración de derechos en el sistema es transversal, desencadenando una condición aún más precaria para las personas privadas de libertad, las que son vulneradas de forma constante y gravísima en sus derechos fundamentales.

La propia institución de Gendarmería de Chile cuenta con un manual de Derechos Humanos de la función penitenciaria, donde se establecen principios y derechos básicos como:

1. Ingreso a un establecimiento penal: Toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad, garantizando así, condiciones mínimas durante el periodo de reclusión.

2. Derecho a la integridad física y moral: Todo funcionario penitenciario debe siempre recordar que la persona privada de libertad, en virtud de una sentencia condenatoria, sigue siendo un ser humano, es decir, es uno más entre nosotros. La resolución judicial lo ha privado de su libertad, pero no de su calidad humana. Existe una prohibición total de torturar e infligir deliberadamente cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

3. Grupos vulnerables: Históricamente en las cárceles se han considerado y tratado a las personas privadas de libertad como un gran grupo homogéneo, sin considerar la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones que pueda existir en ellas. La diversidad puede presentarse por: Etnia, sexo, discapacidad física o intelectual, religión, nacionalidad, identidad de género, edad, ideología, pero ninguna de estas opciones, debe permitir un trato discriminatorio, tanto del personal penitenciario hacia los internos (as) como tampoco, de la población penal hacia los funcionarios.

4. Mujeres reclusas y enfoque de género en el marco de los DD.HH: Las mujeres forman un grupo vulnerable dentro de la población penal, causando su reclusión un mayor impacto en su grupo familiar y especialmente en los hijos menores.

5. Reclusos jóvenes o jóvenes infractores de ley: La Ley N° 20.084, establece como último recurso la privación de libertad y, por ende, los jóvenes que se encuentran en esta situación, son especialmente vulnerables, considerando además, que se encuentran bajo un régimen especial al interior de un recinto penitenciario de adultos. En conformidad a la misma Ley, estos jóvenes deben permanecer separados de la población penitenciaria adulta y su intervención debe cumplir con los estándares de la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, contar con un programa de intervención que tienda a su responsabilización e integración social.

6. Contacto con el mundo exterior: La persona privada de libertad pierde el derecho a la libre circulación, pero conserva otros derechos que son inherentes a su dignidad y calidad de ser humano. Uno de estos derechos es que, a pesar de encontrarse recluido, el individuo no será objeto de injerencias o afectaciones arbitrarias de su vida privada, su familia y su correspondencia. Otro de los puntos importantes es garantizar el mejor acceso posible a la familia, como parte integral de un sistema que trate a los reclusos de manera humanitaria.

7. Derecho a la salud: Los reclusos conservan el derecho fundamental de gozar de una buena salud, tanto física como mental, traduciéndose en una atención de salud integral, cuyo nivel, como mínimo, sea el mismo que goza la población en general.

8. Educación, capacitación, trabajo, cultura y recreación: Los convenios internacionales en DD.HH., señalan que en las cárceles deben existir programas integrales de acciones que propicien en los reclusos su proceso de cambio en post de la reinserción y el buen uso del tiempo libre, siendo esto una oportunidad de descubrir y/o desarrollar sus
aptitudes vocacionales; teniendo el trabajo como una opción de vida al momento de obtener la libertad. Por otra parte, la cultura y la recreación son otras oportunidades para mejorar la autoestima de los internos e internas. Estas medidas se pueden utilizar como una valiosa herramienta para manejar la disciplina dentro de los penales, reeducarlos en la forma de sociabilizarse con sus pares y funcionarios y, sin hacer uso de la violencia en ninguna de sus posibles manifestaciones.

9. Libertad de culto: La participación en ritos o ceremoniales religiosos es un derecho humano universal, aplicable a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Por tal motivo, quienes se encuentran privados de libertad se les debe otorgar las facilidades necesarias para asistir de tales eventos, siempre que se realicen en el recinto carcelario y no atenten contra la seguridad del mismo.

10. Derecho a presentar quejas y reclamos: Por esencia todos los sistemas penitenciarios deben ser administrados de una manera justa, equitativa y ser percibidos como tales por todos los implicados. Todo recluso tendrá derecho a presentar una queja, petición o reclamo al respecto del trato que se le haya dispensado y, a menos que la denuncia carezca evidentemente de fundamento, se debe investigar sin demora. Investigación que puede solicitar en forma confidencial, siendo presentada por él, por su representante legal o algún miembro de su familia.
Estos son derechos básicos que asegurarían un trato humano a las personas privadas de libertad, pero el sistema carcelario de nuestro país ha demostrado no ser capaz de cumplir con esta lista básica de garantías, por lo que es necesario plantear críticas y soluciones para reformar el sistema y acabar con la vulneración de derechos tanto dentro de los establecimientos penitenciarios, como dentro del mismo sistema integrado por los funcionarios y personas relacionadas, los cuales son encargados de materializar la finalidad reformadora y de readaptación social que pretende tener el sistema.

OBJETIVOS
1. Analizar la situación carcelaria del Chile actual: Instituciones, establecimientos penitenciarios y condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
2. Discutir sobre la privación de libertad y su relación con el derecho a la Integridad Personal.
3. Revisión de normas presentes en los TTII ratificados por Chile, el actual reglamento penitenciario y cuáles de ellas se incumplen en el sistema carcelario.
4. Definir las obligaciones que tiene Chile en materia penitenciaria, de acuerdo con los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución.
5. Discutir posibles soluciones para los conflictos en el sistema penitenciario, de acuerdo a los Instrumentos internacionales de Derechos humanos.

EXPONENTES

1. Jörg Alfred Stippel. Doctor en Derecho de la Universidad de Bremen-Alemania. Ha realizado diversas estadías profesionales en INTERIGHTS (Londres) y de investigación en el Instituto Internacional de Sociología del Derecho en Oñati (País Vasco, España). Ha sido asesor de ministerios de justicia de varios países y en proyectos de cooperación bilateral por la Cooperación Técnica alemana en América Latina y África, respecto de reforma judicial, adecuación normativa y derecho penitenciario. Actualmente trabaja en el Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos de Viena (Austria).

2. Daniela Rodríguez. Educadora Social Uruguaya, ha trabajado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) – Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), y en la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos (DSEJA). En la actualidad integra el Equipo de Dirección de la cárcel “Punta de Rieles”, perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

3. Luis Parodi. Diplomado en “Educateur de jeunes enfants”. Aurberviller. Francia. Ha trabajado en diversos programas del Instituto del Niño y Adolecente del Uruguay (INAU), se ha desempeñado como director del Centro Nacional de Rehabilitación de Uruguay y de diversos hogares dedicados a la reinversión de adolescentes. En la actualidad es director de la Unidad Nº6 “Punta de Rieles”, cárcel uruguaya que se ha transformado en un modelo por su baja tasa de reincidencia y por la poca presencia de “vigilancia policial” en su interior.