Programa VI Congreso

La sexta versión del congreso contempla el desarrollo de comisiones de trabajo durante las mañanas, en las cuales académicos y estudiantes expondrán y debatirán sus ponencias relativas a diversos temas relacionados con los Derechos Humanos, a realizarse en el Auditorio Alessandri, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre las 11:00 y 13:30 horas.

Por la tarde se realizarán sesiones plenarias con la participación de expositores invitados de Chile, las cuales se llevarán a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre las 17:00 y 20:00 horas.

Plenarios

Primera sesión plenaria: “Derechos Humanos y Libertad Expresión”
Segunda sesión plenaria: “Derechos Humanos y Salud Pública”
Tercera sesión plenaria: “Derechos Humanos y Migración”


DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En sociedades democráticas, las distintas formas por medio de las cuales se logran exponer y difundir ideas y maneras de entender la vida, de forma tal de influir en la opinión pública, en las actitudes sociales, y en las instituciones jurídicas, son una de las cuestiones de mayor trascendencia para su existencia y su desarrollo. La libertad de expresión y de opinión, en tanto derecho humano, se presenta como particularmente interesante de estudiar, por ser fundamental dentro de cualquier sociedad, construida desde la deliberación pública, que reconozca la diversidad y el pluralismo. Esto, en la medida en que su importancia demanda un ejercicio adecuado y responsable, evitando su abuso, a fin de proteger y no atentar en contra de otros derechos humanos y de las condiciones que hacen posible su ejercicio. Cuestión de suma relevancia ante los nuevos desafíos que enfrenta la democracia en el S XXI.

Históricamente, desde el S XVII al S XX, en particular desde una comprensión moderna, la libertad de expresión se ha entendido como un derecho preferente, que presenta una dimensión individual respecto del poder público, y una dimensión social, como condición de posibilidad para el desarrollo democrático. Así, las preocupaciones dogmáticas y jurídicas se han dirigido en torno a proteger el ejercicio de este derecho, en tanto libertad negativa, vale decir, limitación directa al poder del Estado, entendiendo que, de esta protección, podría seguirse el cuidado de la dimensión social.

No obstante, desde la segunda parte de la década del 2000, normativamente el enfoque bajo el cual se ha analizado el ejercicio y las limitaciones inherentes a la libertad de expresión ha presentado cambios, en tanto manifestación de la progresividad y la especialidad, propia de los Derechos Humanos. Así, se ha pasado desde una perspectiva garantista, preocupada de la actividad estatal en relación con el ejercicio de este derecho, a un análisis que de a poco busca centrarse en abordar nuevos problemas.

Estos nuevos problemas, vinculados con el desarrollo de los procesos democráticos, provienen principalmente de dos fuentes. Por un lado, se ha conformado un escenario social y político de crisis, incertidumbre y desconfianza, marcado por la falta de legitimidad social y de las principales instituciones rectoras del orden democrático, por la progresiva primacía de las emociones por sobre lo objetivo en la comunicación de ideas en la opinión pública, y por la creciente hostilidad ante las reivindicaciones en pro de la diversidad (entendida en sentido amplio) y la defensa de grupos sociales vulnerables – tales como la comunidad LGBTI, migrantes, niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, pobres –. Por otro, una creciente influencia de las tecnologías en el ejercicio de este derecho, manifiesta en la diversificación y relativización de veracidad de las fuentes de información, cruzada con la ya existente concentración de los medios de comunicación masiva, trae consigo la falta de adecuación de la  regulación jurídica existente. Cuestión que consecutivamente impide enfrentar normativamente los nuevos problemas que se enfrentan en este aspecto.

Fenómenos recientes en el último tiempo, tales como la consolidación del concepto de posverdad o fake news, el resurgimiento de los discursos de odio, o hate speechs, la presentación de argumentos políticos propios de discursos negacionistas respecto de delitos de lesa humanidad, discursos de odio contra las minorías sociales, dentro de otros, a través de las plataformas tradicionales de comunicación y nuevas plataformas tecnológicas (que permiten una ramificación muy rápida de la información, muchas veces sin su debida ratificación), hacen necesario reimpulsar la perspectiva de derechos humanos en el debate jurídico, político, cultural y social en torno a la libertad de expresión. Esto, para poner en relieve la limitación inherente al ejercicio de todo derecho, subyacente en la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad y el respeto al otro por el hecho de ser persona.

Respecto del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de estos nuevos focos de preocupación. Prueba de ello las declaraciones conjuntas al respecto que tratan la relación del ejercicio de la libertad de expresión y el internet, del año 2011, la universalidad respecto de este derecho, del año 2014, el combate del extremismo violento, en el año 2016, la vinculación de la libertad de expresión con las “noticias falsas” (“fake news”), desinformación y propaganda, en el año 2017, y la que refiere a la independencia y diversidad de los medios de comunicación en la era digital, del presente año. Asimismo, vale considerar el corpus iuris interamericano e internacional referido al principio de igualdad y no discriminación, y sus más recientes instrumentos, tales como la convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, firmada por Chile durante el 2015.

A nivel de derecho interno , dadas las complejidades del escenario expuesto, éste se ve enfrentado a numerosos desafíos normativos. Así, la Ley Nº 17.336, referida a la propiedad intelectual, la Ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones, la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada,  la Ley N° 19.733 (ley de prensa), la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la Ley N° 20.453, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, la Ley N° 20.915, que busca fortalecer el carácter público y democrático de los partidos y facilitar su modernización, dentro de otras, conforman el marco jurídico en torno al cual se desarrolla esta discusión. Esta regulación, actualmente se enfrenta al desafío de llegar a tiempo a los cambios, que, impulsados por la tecnología y su influencia en el debate público, ponen en tela de juicio la estabilidad de los logros de la sociedad de derechos.

En el marco anterior, y teniendo en consideración los estándares del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, de conformidad con lo señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe especial para Chile de 2016, en concreto el país enfrenta los siguientes problemas:

  1. Existencia de normas incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el caso particular de la regulación de la libertad de expresión en el Código de Justicia Militar . Ejemplo de esto son los problemas en torno a la confidencialidad de las fuentes, en particular a propósito de la .
  2. Utilización de la figura de injurias y calumnias  para someter a juicio a periodistas por discursos que afectan el honor y la reputación de funcionarios públicos, inhibiendo y restringiendo la investigación y difusión de información de interés público.
  3. Existencia de diferencias a nivel legislativo y judicial en torno a las obligaciones de diferentes instituciones de transparencia y acceso a la información , en el marco de la Ley N° 20.285 y la normativa afín.
  4. Uso excesivo e ilegítimo de argumentos de seguridad nacional  para restringir el acceso a la información pública.
  5. Las medidas legislativas y administrativas adoptadas para dar paso a mayores espacios de pluralismo y diversidad en el debate público, y evitar la concentración de la propiedad y control de los medios de comunicación  no han tenido los resultados esperados. Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración.
  6. En cuanto a la libertad de expresión en internet , existen problemas en torno a los límites y controles a la vigilancia estatal y privada en Internet y las salvaguardas para el ejercicio de la libertad de expresión y privacidad en las políticas de ciberseguridad.
  7. Respecto del manejo de datos e información personal , existe manipulación por parte de autoridades estatales del software, datos, sistemas informáticos, red, u otros dispositivos electrónicos sin el permiso de la persona u organización responsable o conocimiento de los usuarios (hacking gubernamental).
  8. Chile mantiene en su ordenamiento jurídico normas que permiten restricciones al derecho de reunión y libertad de expresión incompatibles con la Convención Americana y que subsisten prácticas y uso excesivo de la fuerza en el manejo de la protesta, que han afectado de manera particular a las mujeres y miembros de pueblos indígenas del país.

Con todo, en consideración a la relevancia política y social de este derecho, el debate planteado invita a revisar su alcance actual, su contenido, y la configuración de sus límites. Así, dar cuenta de la relación existente entre la libertad de expresión, en particular en lo relativo a su ejercicio individual, y el principio de igualdad y no discriminación, el concepto de dignidad humana, la diversidad y el pluralismo, es una tarea que busca contribuir a la construcción desde el derecho de una sociedad respetuosa de la lógica subyacente a los Derechos Humanos.

Objetivos

  1. Discutir respecto del impacto de las tecnologías y la creación de nuevas plataformas de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión y opinión. Problemas y desafíos.
  2. Debatir en relación con la forma en que se deben enfrentar los discursos de odio o “hate speech” y la relación existente entre la libertad de expresión y el principio de igualdad y no discriminación.
  3. Problematizar respecto al contenido que debe dársele a la libertad de expresión a fin de que esta sea funcional al contexto social y político de crisis actual.
  4. Debatir en torno a la relación existente entre la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Vinculación de este derecho con los demás Derechos Humanos.
  5. Debatir en torno a la relación entre el ejercicio de la libertad de expresión y la concentración de los medios de comunicación. Dar cuenta de su alcance y efectos sociales y democráticos.
  6. Discutir respecto del sexismo y la influencia de el en el discurso público. Abordar medidas culturales, sociales y jurídico institucionales respecto al tema.

Temas

  1. Libertad de Expresión en el S XXI. Impacto de los nuevas plataformas de comunicación en materia de Derechos Humanos. Desafíos en la era digital.
  2. Igualdad, tolerancia, diversidad y opinión: Relación entre la libertad de expresión y el principio de igualdad y no discriminación.
  3. Sexismo en el discurso público. Análisis de la Libertad de Expresión desde una perspectiva de género.
  4. La libertad de expresión más allá de sus límites. Paradojas de su ejercicio en un orden democrático.

 

Expositores

  1. Claudia Lagos Lira: Profesora asistente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Periodista y Magíster en Estudios de Género, ambos de la Universidad de Chile. Candidata a PhD en Communications and Media, University of Illinois at Urbana-Champaign. Desde 2004 a la fecha, ha dictado cursos de periodismo de investigación, crónica y reportaje, libertad de expresión y derecho a la información en la Universidad de Chile. También, ha sido responsable o coinvestigadora de diversos proyectos de investigación en Chile y en Sudamérica en temas sobre libertad de expresión, acceso a la información, estudios de periodismo, industrias culturales, y género y comunicación.

DERECHOS HUMANOS Y SALUD PÚBLICA

En el Chile actual, la manera en que está regulada a nivel constitucional el derecho a la protección la salud resulta problemático. Esto, por los términos en que este derecho se encuentra asegurado en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, en relación con el principio de igualdad y no discriminación. La carta fundamental asegura a cada persona solo el poder elegir su sistema de salud preferente, pudiendo optar entre un sistema público y uno privado. Así, se asegura este derecho desde una óptica enfocada en la libertad individual. En este marco, es posible afirmar que esta fórmula de libre elección se encuentra sujeta a limitaciones, pues quienes en términos reales pueden optan por el sistema privado son solo aquellas personas que tienen la capacidad económica para acceder a éste, teniendo que buscar tratamiento en el sistema público las personas más vulnerables y de menores ingresos, generándose situaciones de desigualdad en relación al acceso y atención en materia de salud.

Por lo anterior, es que resulta útil y necesario el estudio crítico, desde una perspectiva de derechos, del sistema de salud pública. Esto, en la medida en que es el sistema al cual acceden todos los habitantes del país, en caso de no contar con cobertura privada, es uno de los pilares para el correcto desarrollo del bien común de la nación. Además, según el marco de las obligaciones estatales contraídas en tratados internacionales, en amparo de este derecho encuentra fundamento normativo en convenciones tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada y promulgada por Chile, que asegura el derecho a la salud en su Artículo 25.

Respecto a lo anterior, debemos tener diversas consideraciones respecto al tratamiento de la salud pública en nuestro país ¿En Chile se asegura este derecho de forma integral, o se protege preferentemente en alguna área en particular? Y también vale cuestionarse ¿Qué hace y qué debe hacer el Estado para proteger debidamente este derecho? En torno a estas interrogantes se buscará abordar la salud pública como Derecho Humano, prestando especial atención en temas tales como violencia obstétrica y salud mental.

Primeramente, es importante hacer énfasis que la salud pública se ha visto marcada en Chile en el último tiempo por diversos hitos importantes. Por ejemplo, en el año 2017, en nuestro país se aprobó la ley N°21.030 sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a saber; el riesgo de la vida de la madre, la inviabilidad fetal, y el embarazo que es resultado de una violación. Producto de este cambio, se ha debatido en torno, al contenido y los límites de la objeción de conciencia, regulada exclusivamente por medio de un reglamento, en el que la novedad está dada porque tanto las personas naturales como jurídicas tendrán derecho a ser objetores de conciencia. Cuestión que trae consigo importantes consecuencias, pues la objeción de conciencia puede ser institucional, complejizando la oferta necesaria de personal de salud idóneo para la cobertura del aborto terapéutico. Lo relevante desde el enfoque al que se invita, es que la regulación actual da la posibilidad de negarse a actuar médicamente al personal de salud debido a creencias personales, religiosas, éticas, etc. Cuestión que representa una forma de violencia para aquellas mujeres, a las cuales se les imposibilita la interrupción de sus embarazos aún cuando se encuentren dentro de las causales contempladas en la ley N° 21.030.

Sumado a lo anterior, en la actualidad se ha empezado a visibilizar de manera más notoria el fenómeno de la violencia obstétrica, en particular gracias a la labor de instituciones de Derechos Humanos y sus informes. Las cifras en torno a esto son reveladoras. A modo de ejemplo, En la misma línea, son ilustrativos del problema planteado los datos entregados por el Observatorio de violencia obstétrica de Chile, que en un catastro de 11.357 mujeres que dieron a luz entre los años 1970 y 2017, se presenta que en los hospitales públicos el 24,1% de las éstas dice haber sufrido maltrato físico, respecto al maltrato verbal la cifra se eleva 56,4%.

En este contexto, resulta importante preguntamos ¿Qué rol está asumiendo el estado chileno en relación con esta problemática? ¿Están a la altura de las circunstancias los distintos servicios de salud pública del país? Infraestructura deficiente, falta de recursos o de personal, pueden entenderse como notorios indicios de una vulneración del derecho a la salud, en tanto derecho social. Sumado a esto, resulta igualmente preocupante el actuar de individuos particulares. Por ejemplo, en el Hospital de Osorno en el año 2018 fue noticia de interés nacional, al saberse que todos sus médicos capacitados para realizar interrupciones de embarazos se declararon objetores de conciencia, dejando a este centro de salud pública, y a las mujeres que debían recurrir a él, sin posibilidad de decidir en torno a la continuidad de sus embarazos, obligándolas a continuar con éstos o teniendo como única solución el viajar a otros centros de salud, saliendo de su región y territorio más cercano.

En tercer lugar, la salud mental es otro punto en claro déficit para nuestro sistema de salud. Atendiendo a lo que la OMS ha definido como salud, esto es, un estado completo de bienestar (físico, mental y social) y no la simple ausencia de enfermedad física, es de fundamental consideración la salud mental de la población, puesto que la idea de bienestar no puede desatenderse del sentir psíquico de las personas. En Chile, son claros los indicios de difícil acceso y las largas listas de espera en los sistemas Auge y Ges, las cuales dificultan los tratamientos, siendo muchas veces tardíos. Por otro lado, la poca cobertura, resulta ser un problema grave, puesto que muchos de los trastornos psíquicos más comunes no son cubiertos por los sistemas. Un claro ejemplo es el caso de la Anorexia y la Bulimia purgativa, siendo los trastornos alimentarios más comunes entre la población de nuestro país. Estos ni siquiera son cubiertos por el sistema Auge ni por el Ges.

Según lo expuesto por el experto de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, el Sr. Dainius Puras, en ningún país del mundo la salud mental se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en términos presupuestarios y de prácticas médicas. Señalando este mismo en un informe realizado para la OMS con cifras adquiridas desde el año 2014, nos sindica que sólo el 7% de los presupuestos sanitarios se destinan a asuntos de salud mental entre sus estados miembros. En Chile, según la información dada por el IPSUSS, en el año 2015 se destinó a salud mental solo el 1,45 % del presupuesto de salud, sin considerar el aporte dado por el SENDA, con el cual el porcentaje alcanza un 2,13%.

Por otro lado, las cifras respecto a la depresión y el suicidio son cada vez más preocupantes y alarmantes en nuestro país. En los últimos años se ha registrado un suicidio cada cinco horas. Al año son aproximadamente 1.835 casos de personas que optan por el suicidio según cifras del INE del año 2015. Además, la Encuesta Nacional de Salud realizada en el periodo 2016 – 2017 señalo que el 2,2% de los jóvenes entre 18 y 24 años han pensado seriamente en el suicidio. Si vemos el rango etario de 25 a 34 años la cifra se eleva al 3,6%.

¿Debería considerarse a la salud mental como un asunto de interés nacional? ¿Es necesario un aumento significativo en el presupuesto publico estatal para afrontar este problema? Sin duda, los costos del tratamiento sumado a los costos indirectos relacionados suponen un perjuicio brutal para las personas que padecen de este tipo de enfermedades, cuestiones que se ven reflejadas en tasas de ausentismo laboral, gastos en licencias médicas tratadas, perjuicios sociales, familiares, abuso de sustancias, pobreza, etc. Con lo ya señalado es claro que las medidas implementadas han sido insuficientes para el tratamiento de las enfermedades vinculadas a salud mental, en la actualidad no se da abasto para la protección de este derecho, dejando así a la población en un estado de vulneración grave.

Los puntos expuestos son concluyentes. La salud pública puede abarcarse desde distintas aristas, las cuales en muchas ocasiones se interrelacionan entre sí, ya sea tratando temáticas como la objeción de conciencia, el aborto y la violencia obstétrica; u otro tipo de problemas, vinculados a materias como la salud mental o la violencia geriátrica. No obstante, en esta ocasión se abarcará la violencia obstétrica, la objeción de conciencia y la salud mental,  puesto que en nuestro país, actualmente nos encontramos en un momento inédito, en relación a los distintos movimientos feministas y de salud mental que han cobrado notoria repercusión en el último tiempo.

Objetivos

  1. Reconocer el derecho a la salud en nuestro país y como se vincula con los derechos humanos.
  2. Analizar las limitaciones en el acceso a la salud y como la elección entre un sistema privado y público, genera desigualdad entre quienes optan por uno u otro. Analizando además como esto vulnera los derechos fundamentales.
  3. Cuestionar el acceso a la salud pública como un sistema que presenta notables deficiencias en cuanto a las prestaciones que ofrecen y cómo esto deviene en un descuido de la salud y la integridad tanto física como psíquica de un importante porcentaje de la población del país.
  4. Dialogar sobre la violencia obstétrica, su existencia y como esta viola los derechos fundamentales al producirse.
  5. Debatir sobre la violencia obstétrica y cómo esta se relaciona con el aborto en tres causales y la objeción de conciencia de los funcionarios del área de la salud en los servicios públicos.
  6. Analizar el acceso, el déficit presupuestario y los preocupantes índices que han ido en aumento respecto a las enfermedades asociadas a la salud mental en chile.
  7. Discutir sobre las políticas públicas que se han tratado de aplicar en chile respecto a la salud mental, su real alcance y eficiencia.

Temas

  1. Salud Pública. Vinculación con los derechos fundamentales desde una mirada general.
  2. Violencia obstétrica, análisis del panorama actual en Chile y su vinculación con la objeción de consciencia en los distintos centros de salud pública en nuestro país.
  3. Salud mental y su desigualdad en contraposición con la salud física como forma de vulneración de derechos humanos.
  4. Deficiencia en la regulación de las áreas de salud mental y protección a la mujer en la salud pública.

Expositores

  1. Helia Molina: Decana de la facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Santiago de Chile. Ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet durante 2014. Asesora regional de Salud Infantil para América Latina y el Caribe en OPS, 2000 – 2004. Magíster en salud pública en la Universidad de Chile.
  1. Natasha Toledo: Matrona, Universidad de Chile, activista por los derechos sexuales y reproductivos en corporación Parir-NOS Chile, donde es directora. Integrante de la Red de Matronas Feministas y de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir.
  1. Alberto Minoletti: Médico Psiquiatra, Profesor Asistente, Coordinador del Magíster de Salud mental y Psiquiatría comunitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Tiene experiencia en las áreas de Servicios de Salud Mental Comunitaria, Políticas y Planes Nacionales de Salud Mental y Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno de larga data, que ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, en constante cambio conforme los distintos escenarios políticos, económicos y sociales suscitados en el mundo moderno. En la actualidad, ante un escenario mundial crecientemente hostil en relación con el desarrollo de flujos migratorios, es que la migración es un tema que se ha tomado la agenda pública mundial. Cuestión de la cual países como Chile no están exentos. Dada la constante insuficiencia de la respuesta jurídica local ante el problema, y la dispar reacción social ante su desarrollo, es particularmente relevante tratar y problematizar en torno a las soluciones que ofrece abordar la migración desde una perspectiva de derechos.

En el caso de Chile, el tratamiento histórico de la migración responde en buena medida a las características propias de Sudamérica en la materia, que se determina por las características propias del continente. Que esté compuesto por países jóvenes, con fronteras recientes, en perspectiva histórica, con vasto territorio y poca población, cuyas relaciones en no pocas ocasiones se han visto tensionadas por conflictos (políticos y armados), son factores que influyen en el tratamiento de la migración en la región.

En este marco, para comprender el contexto actual en materia migratoria, es relevante tener presente cuestiones históricas. La política chilena en el siglo XIX decidió abordar la migración desde un enfoque que fue de selección. Cuestión que fundamentó la ley de inmigración promulgada en el año 1845. Dicha normativa, buscó propiciar la llegada de solo cierto tipo de personas, deseadas por las autoridades del país. Para lo cual se crearon oficinas de enlace en algunos países europeos donde residían funcionarios chilenos, a fin de reclutar a personas europeas para que llegasen a Chile. El resultado paradigmático de esta política puede apreciarse en zonas como las del sur de nuestro país, modificado para que fuese ocupado por población europea, principalmente de origen alemán.

En la actualidad, según indica Naciones Unidas, se estima que un 3,4% de la población mundial es migrante. La movilidad de las personas a través de las fronteras internacionales se remonta a la creación de las propias fronteras, y la vulnerabilidad de los no nacionales no es un fenómeno reciente. Aunque muchos migrantes se desplazan para aprovechar las crecientes oportunidades, por elección genuina, libre y fundada, muchos otros se ven obligados a desplazarse debido a la pobreza, la falta de un trabajo decente, la exclusión social, la violencia generalizada, la persecución, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos armados, la xenofobia y la degradación del medio ambiente. Ante la ausencia de suficientes oportunidades de migración en condiciones regulares, los migrantes se ven expuestos a canales irregulares de migración, acudiendo a servicios de traficantes de personas o caer en redes de explotación laboral y sexual. Cuestión que resulta aún más grave teniendo presente la potestad que se les reconoce a los Estados para denegar el acceso a territorios, o trabas que pueden fijarse en los procedimientos regulares para aquellos que soliciten asilo. Actualmente los migrantes pueden encontrarse desamparados en tránsito, sin posibilidad de avanzar, estando a menudo sometidos a vulneraciones de derechos humanos tales como detenciones prolongadas en fronteras o separación de padres, madres e hijos. Basta ver lo acontecido durante el año 2018 en Centroamérica y las caravanas que buscaban llegar a Estados Unidos y la compleja situación que se suscita en el mar mediterráneo en Europa.

La libre circulación de las personas, así como la libertad de residencia, son derechos humanos básicos. Los cuales, sin embargo, en la forma concreta en que están regulados, se ven afectados por altos grados de asimetría. Un rasgo visible de ésto, se aprecia incluso en el texto normativo más significativo sobre los derechos humanos, la Declaración Universal de 1948 (DHUD), cuyo artículo 13 proclama: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Dicha norma deja de manifiesto la falta de equivalencia respecto del derecho a emigrar y el derecho a inmigrar y el deber de los Estados de recibir a las personas migrantes. En perspectiva de derechos, si bien se reconoce a toda persona el derecho de abandonar el Estado del que sea nacional, así como el de retornar a él, se guarda silencio acerca de la correlativa obligación de los otros Estados de aceptar su entrada en el territorio de su propia jurisdicción.

Bajo esta lógica, el Estado chileno ha mantenido una deficiente y anacrónica normativa sobre migración. Hoy en día todavía tiene completa vigencia el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 y su reglamento, el Decreto Ley N°597 de 1984, legislación anómala (Galdámez, 2013) que sólo habla del “extranjero” desde un enfoque de control de fronteras. En esta línea, el marco jurídico vigente plantea un conjunto de cuestionamientos visto desde un enfoque de derechos, tales como ¿Es lo mismo, social y jurídicamente, ser extranjero que migrante? El resto de los residentes son extranjeros. Cuestión que ejemplifica cómo el tratamiento de la migración se encuentra sujeto a una visión racista, arraigada en la cultura chilena. Desde la semántica, el migrante se ve como aquella persona ajena a la comunidad que perturba el orden, que ataca la pureza y perfección. El racismo sale de la boca hecho costumbre. Peor aún, el racismo es institucional e institucionalizado, pues es amparado por las leyes y políticas populistas que encuentran en la migración una importante oportunidad de adoptar medidas contrarias a un enfoque de derechos.

En Chile han existido migrantes desde hace mucho tiempo. Sólo las nacionalidades de los flujos migrantes han cambiado. Tras la vuelta a la democracia, la población migrante en su mayoría fue la peruana y boliviana derivada por temas limítrofes y económicos. Luego, ya en el S XXI, aumentaron los flujos migratorios de nacionalidades como la colombiana o la dominicana.  En los últimos años, la población venezolana y haitiana son los que lideran la llegada a Chile. Si bien todos estos flujos migratorios encuentran fundamento en razones económicas, su tratamiento social muchas veces difiere en uno y otro caso. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, a febrero de 2019, los migrantes en el país llegaron a 1.251.225 personas, representando el 6,6% del total de la población del país. Por otra parte, en el último tiempo, el país ha sido testigo del aumento exponencial de extranjeros que ingresan con visa de turista y terminan quedándose en el país en situación irregular, provocando situaciones de precariedad laboral, habitacional, dificultad de acceso a derechos sociales como salud y educación, incremento de trata de personas, y otras situaciones de abusos.

Desde abril del año 2018, de la mano del nuevo gobierno, se han venido adoptando diversas medidas administrativas para enfrentar los actuales flujos migratorios, las cuales presentan importantes objeciones desde un enfoque de derechos humanos. En este año, se tomaron un conjunto de medidas, tales como un proceso de regularización extraordinario de la situación de la población migrante que había ingresado a Chile por un medio no formal, establecer un conjunto de visas especiales según la nacionalidad de quien se trate, planes de “retornos humanitarios voluntarios” (en particular con un trasfondo profundamente cuestionable analizada esta medida desde el principio de igualdad y no discriminación), y el envío al congreso de una nueva ley de migraciones (profundamente polémica por su falta de coherencia interna y su enfoque carente de garantismo en torno a los derechos de las personas migrantes) Todas medidas enmarcadas en una política comunicacional hostil hacia la migración no deseada, enfocada discursivamente en “ordenar la casa” y a plantear ante la sociedad al sujeto migrante como otro no deseado.

Las autoridades nos hablan, con particular intensidad desde el año 2018, de “ordenar la casa”, a través de una migración segura, ordenada y regular. No obstante, la implementación de las distintas medidas adoptadas, inspiradas en una óptica de seguridad nacional, hacen surgir la pregunta ¿Segura para quién? Para Chile, regular se entiende como restringir, pero según la propia Organización de las Naciones Unidas, regular es facilitar. Los mecanismos de derechos humanos, tales como el  Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios, han declarado de manera inequívoca que, si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción.

Lo preocupante de lo anterior, es que las medidas dan cuenta de la misma lógica que inspiró la política de migración selectiva del siglo XIX. Políticas de perjudiciales efectos sobre las personas migrantes, constatables en lamentables eventos como el caso de Joane Florvil, y de migrantes de piel negra que han sufrido discriminación en tierra chilena. Casos que dan cuenta que el problema al que se enfrentan las personas migrantes requiere ser abordados desde el Estado y la sociedad desde una perspectiva que vaya mucho más allá que solo preocuparse de la “seguridad estatal”, teniendo en consideración sus derechos humanos y las garantías de igualdad y libertad, en tanto límites a la soberanía estatal a la luz del artículo 5 de la Constitución Política de Chile y los tratados ratificados en esta materia.

¿Qué puede hacer la sociedad civil ante un sistema ineficiente? Las nacionalidades deberían ser formas de identificarse con cierta historia y costumbres, no el estar atado a un estigma y prejuicio por ello. Ante eso queda la unión y la comprensión de que todos tenemos los mismos derechos por el hecho de ser humanos.

Objetivos

  1. Analizar la migración en el mundo y en particular en Chile en los últimos años. ¿Es Chile un país racista y discriminatorio? ¿Cómo se entrecruza la idiosincrasia chilena respecto de la migración con las políticas públicas adoptadas en la materia? ¿Es el Estado racista?
  2. Estudiar desde una mirada objetiva y crítica de la legislación en materia de migración, especialmente el último decreto ley. ¿Es la migración un derecho que no debe ser restringido?
  3. Abordar el fenómeno de la migración desde la experiencia personal para responder a la pregunta de ¿Cómo es ser migrante en Chile?
  4. Discutir el rol de la sociedad civil en materia de migración. En contextos donde los gobiernos adoptan medidas cortoplacistas carentes de un enfoque de derechos, analizar el cómo se organizan las formas de cooperación y ayuda desde y para los migrantes.

Temas

  1. Asimilación, integración, multiculturalidad e interculturalidad: Historia y desarrollo de la migración en Chile, y su adaptación a nuestra sociedad. Entrecruzamiento del punto de vista sociológico e histórico.
  2. Ley de Migración: Cambios y alcances: La migración como un derecho humano que debe ser garantizado y protegido por el Estado, sin importar el país de origen. Alcances y problemas en materia de derechos humanos de las personas migrantes.
  3. La vida actual del migrante en Chile. Análisis del impacto de las medidas migratorias en el desarrollo de los flujos migrantes, desde un enfoque de derechos, en el marco del principio de igualdad y no discriminación.
  4. La sociedad civil en acción: Estudio de los espacios de trabajo y de integración. Análisis de desafíos sociales culturales y jurídicos para concientizar la migración como derecho humano y evitar casos de discriminación.

Expositores

  1. Luis Eduardo Thayer: Sociólogo de la Universidad Arcis y Doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado como investigador responsable y co-investigador en diversas investigaciones centradas en el proceso de incorporación de migrantes en sociedades de destino. Creó el Observatorio de Políticas Migratorias y es miembro del Grupo de Trabajo Migraciones, cultura y políticas de CLACSO. Dirigió la formulación del Plan de Acogida de Migrantes y Refugiados del municipio de Quilicura. Ha ejercido la docencia de pre y post grado en sociología, y en temas relacionados a la migración internacional, el proceso de globalización y las dinámicas territoriales.
  2. Claudia Silva Dittborn Doctora en Sociología por la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität-Bonn, Alemania. Asistente Social Pontificia Universidad Católica de Chile y académica Escuela de Trabajo Social Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ex Jefa Sección Estudios Departamento Extranjería y Migración (DEM). Autora de “Inmigrantes profesionales: propuestas de mejora para que ejerzan en Chile” Capítulo de Libro en: “Propuestas Para Chile 2014” Pontificia Universidad Católica de Chile” (2014) y Co-autora “Migración y municipios. Construcción de una propuesta de política pública de gestión municipal para la población migrante” (2013).
  3. Christian Dolorier: Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú) con Postgrado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica. Presidente de Club Peruano de Chile.